Según AI, esta reforma “castiga la disconformidad” y supone “una seria amenaza a la libertad de reunión, información y expresión”. Considera que la reforma, que seguirá ahora su trámite en el Senado, otorga más poder a las fuerzas de seguridad y limita las garantías judiciales de los ciudadanos.

Amnistía indica que en la "ley anti-disconformidad" aumenta el número de infracciones y muchas pasan del ámbito penal al administrativo, donde se presume la veracidad de los testimonios policiales, lo que incrementará la cuantía de las sanciones.

Además, agrega, los periodistas, los activistas de organizaciones y la ciudadanía en general podrán ser sancionados con multas de hasta 30.000 euros por grabar o difundir datos e imágenes de autoridades y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, mientras que no se contempla ningún mecanismo de supervisión de las acciones policiales.

“Ello agravará la impunidad” ante los excesos policiales, señaló AI, que ha elaborado un vídeo con pruebas de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en distintas protestas.

El proyecto de ley prohíbe también las manifestaciones y concentraciones espontáneas sin aviso de convocatoria como respuesta a un hecho desencadenante, y permite la devolución en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Para AI, el Gobierno desoye las recomendaciones del Consejo de Europa, que esta misma semana alertó de que la ley “vulnera” el derecho internacional a solicitar asilo político.

“No se puede legalizar lo que es ilegal”, y esta norma “daña derechos humanos universales por los que la comunidad internacional ha luchado durante décadas”, concluyó la ONG.