Esta acción está enmarcada dentro del Día de los Derechos Humanos, que se conmemorará este miércoles. Los activistas se movilizaron en Alemania, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón, México, Moldavia, Nepal y Venezuela, entre otros países, con acciones como firma de peticiones, escritura de cartas, organización de actos y envío de tuits.

Esta acción internacional se lanzó por primera vez en 2001 en Polonia. Desde entonces, diversas personas con nombre y apellido que han sido foco de la campaña han sido puestas en libertad y otras han visto mejorar su situación. La campaña también ha conseguido que se inicien investigaciones sobre decenas de casos de encarcelamiento arbitrario e injusto, tortura y otros abusos contra los derechos humanos.

En España, los activistas salieron a la calle en al menos 60 ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Albacete, Jaén, Granada, Tenerife o Valencia, donde dieron a conocer a los ciudadanos tres casos con un común denominador: haber sufrido tortura y malos tratos durante su reclusión.

LA ABOGADA DE CHELSEA MANNING, EN MADRID

En sus acciones, pidieron la excarcelación de Chelsea Manning, una soldado estadounidense que se halla cumpliendo una condena de 35 años de prisión por haber filtrado material reservado del Gobierno a la web Wikileaks. Por ello, su abogada, Nancy Holander, participó en el acto de Madrid.

Además, reclamaron la liberación de Erkin Musaev, funcionario de Naciones Unidas en Uzbekistán acusado de espionaje y condenado a 20 años de prisión tras tres juicios en los que se admitieron como prueba confesiones conseguidas bajo tortura, y la conmutación de la pena de muerte de Moses Akatugba, nigeriano detenido cuando tenía 16 años como sospechoso de un atraco a mano armada, que él afirma no haber cometido y por lo que está condenado a muerte.

"Las autoridades pueden hacer caso omiso a una carta, a un correo aislado, pero no a millones. Campañas como ésta demuestran que la suma de miles de acciones individuales puede cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas cuyos derechos humanos están en riesgo", declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El año pasado, activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo emprendieron más de 2,3 millones de acciones individuales, que consiguieron que se pusiera en libertad a tres activistas en Camboya y Rusia, donde las autoridades recibieron decenas de miles de cartas y peticiones de todo el mundo.

Una de ellas fue Yorm Bopha, encarcelada en 2012 por protestar contra los desalojos forzosos que se llevaban a cabo en su comunidad en Camboya. Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko también quedaron en libertad en 2013 y en 2014 tras la presión promovida por Amnistía Internacional. Habían sido acusados de participar en “disturbios masivos” por haberse manifestado pacíficamente en la plaza Bolotnaya de Moscú en mayo de 2012.

30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

Por otro lado, el 10 de diciembre de este año coincide con el 30º aniversario de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura, ante lo cual Amnistía Internacional subrayó que, a pesar de su “avance innegable”, países de todo el mundo “todavía detienen y torturan a persona para obtener falsas confesiones, por supuestamente haber cometido un delito, o por sus opiniones”.

"Lamentablemente, en este aniversario, Amnistía Internacional tiene que seguir denunciando cómo muchos Gobiernos han traicionado sus compromisos para acabar con la tortura. La tortura sigue viva, en algunos países de forma habitual y sistemática, y en otros en casos aislados", señaló Beltrán.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países. Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que la ONG investiga a 142.

Amnistía aseguró que en al menos 79 de ellos han aparecido este año casos de tortura. Otros 40 Estados miembro de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.

Por ello, Amnistía Internacional pidió a los Gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.