En concreto, en 2010, año en que se puso en marcha la unidad, se atendió a siete personas, una cifra que ya en 2011 fue más de cuatro veces superior (31) y que en 2012 llegó a los 49 casos. En 2013, los episodios continuaron ascendiendo hasta los 73 y en 2014 se han situado, hasta la fecha, en 85.

Tal y como expuso María Recio, directora de la Uavdi, el 71% de las víctimas atendidas en esta unidad, la única existente en España, son mujeres.

Atendiendo a su edad, el 54% de los casos pertenecen a adultos, lo que indica la alta vulnerabilidad de las personas con discapacidad cuando dejan de ser niños o adolescentes, a diferencia de los abusos sexuales en la población general, que disminuyen significativamente a medida que la persona crece y va teniendo recursos para defenderse, apuntó Recio.

Por procedencia geográfica, y aunque la unidad actúa a nivel nacional, un 74% de los casos se derivan dentro de la Comunidad de Madrid, mientras que el 26% restante procede de otras autonomías.

TIPOS DE DELITOS

Por tipo de delito, el 69% de las derivaciones corresponden a abusos o agresiones sexuales; el 15%, a delitos de maltratos físicos, y el 16% restante, a situaciones de negligencia, acoso o extorsión.

En cuanto a los episodios de abusos sexuales, que suponen el 69% del total de los atendidos, en el 99% de los casos, los agresores son personas conocidas (familiares, amigos, vecinos o compañeros), que abusan de la confianza de la víctima, apuntó Recio, que añadió que el 30% de las derivaciones corresponden a abusos sexuales "intrafamiliares".

Con respecto a la fuente de derivación de los casos, los profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual tienen un papel muy importante para detectar y actuar en la protección de las víctimas.

Así, el 73% de las derivaciones las llevan a cabo profesionales de los servicios de atención directa a personas con discapacidad intelectual, Servicios Sociales y Centros de Salud. En el 19% de los casos, es la propia familia la que se pone en contacto con el servicio.

Un 6% de las derivaciones corresponden a cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y solo el 2% de las víctimas son ellas mismas las que acuden al servicio, "lo que indica la dependencia y vulnerabilidad de este colectivo a la hora de pedir ayuda en estas situaciones de victimización criminal", señaló la directora de la Uavdi.

Pese al aumento de casos atendidos en esta unidad, sus responsables afirman que solo el 37% de los correspondientes a adultos se denuncian, cifra que en la infancia se queda en el 20% y que es similar, tal y como señaló el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, a la del resto de la población de menores sin discapacidad.

Por último, si se analizan las resoluciones judiciales atendiendo a la presencia o no de expertos facilitadores acompañando a la víctima en el proceso policial y judicial destaca un hecho "significativo", según la responsable de la unidad.

Los casos que se archivan en instrucción cuando la víctima enfrenta el proceso judicial sola (sin expertos que implementen los apoyos necesarios para derribar las barreras que tienen que enfrentar las víctimas con discapacidad intelectual) ascienden a un 52%.

En cambio, en aquellos casos en los que interviene un experto facilitador evaluando las capacidades que afectan a su manera de emitir un testimonio, y ofrece los apoyos para que se efectúe con las mejores garantías, y previniendo la victimización secundaria, el porcentaje de casos sobreseídos en instrucción se reduce a un 10%.

GUÍA FORMATIVA

Teniendo en cuenta este hecho y la necesidad real de formación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la unidad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce presentó la primera ‘Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual’ adaptada al Cuerpo Nacional de Policía, puesta en marcha con la colaboración de Fundación Mapfre, la Confederación Española de Policía y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

La guía aporta, en opinión de Antonio Labrado, secretario General de la Confederación Española de Policía, "un plus de calidad" para atender correctamente a personas con discapacidad intelectual.