El informe ha sido elaborado a partir de los datos de que dispone el propio órgano de gobierno de los jueces y de los aportados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La cifra de catorce muertes con procedimientos judiciales previos hasta el pasado 13 de noviembre, fecha de cierre del informe, supera ya el número total de casos en estas mismas circunstancias que se dieron en 2013, año en el que once mujeres que habían presentado denuncia murieron a manos de su pareja o expareja.

Como conclusión, el informe indica que en ocho de los casos estudiados la víctima reanudó la convivencia con el agresor tras presentar la denuncia, e incluso después de que éste fuera condenado.

El observatorio cree esencial que la mujer esté informada desde el primer momento del peligro que corre si vuelve con su agresor y de los medios de prueba que debe aportar para que el juzgado valore adecuadamente su situación de riesgo y considera muy positiva la propuesta de asistencia jurídica gratuita previa a la interposición de la denuncia contenida en el anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El observatorio incentivará la formación de jueces y magistrados para que decreten la puesta de pulseras electrónicas de localización en los agresores, porque no se ha producido ningún homicidio o asesinato en el que el presunto autor llevara una.

Proponen que la declaración de la víctima se grabe en la fase de investigación, puesto que muchas se acogen a su derecho a no declarar contra el agresor, de manera que ese soporte pueda utilizarse para evitar una nueva declaración en el juicio.

COORDINACIÓN

Además, se insiste en que cuando la valoración de riesgo para la víctima sea baja, se le proporcionen atención de los servicios asistenciales y medidas de control policial aunque no exista medida judicial de protección.

El observatorio propone la introducción obligatoria de las denuncias que no se interponen ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el sistema Viogen, de modo que éste contenga toda la información necesaria para la seguridad de la víctima. Quiere que los partes de lesiones de los centros de salud se remitan por vía urgente a los órganos judiciales, la Policía y la Guardia Civil, y que se tenga en cuenta la posible colaboración de las policías locales.

Insiste también en la importancia de coordinar las órdenes de protección en distintas comunidades autónomas, así como con los sistemas de gestión de Instituciones Penitenciarias para que la víctima esté informada en tiempo real de la situación de su agresor.

Igualmente, propone que en los casos de delitos cometidos sobre la mujer por su pareja o expareja la existencia de condenas anteriores por delitos leves sí se valore para no aplicar la suspensión de la pena privativa de libertad.

El observatorio propone estudiar la conveniencia de eliminar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género, tras constatar que la reacción de confesar el crimen en estos supuestos obedece más a un componente de jactancia o de reafirmación que al arrepentimiento.

Por último, recomienda la urgente tramitación parlamentaria de los anteproyectos y proyectos de ley que afectan a la violencia de género: Estatuto jurídico de la víctima del delito, leyes de protección a la infancia, ley de asistencia jurídica gratuita y proyecto de Código Penal. Este último introduce nuevas figuras delictivas y una nueva medida de libertad vigilada en el ámbito de la violencia de género que se valora muy positivamente.