La iniciativa, presentada conjuntamente por el PP, el PSOE, CiU y el PNV y a la que se adhirieron también La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, señala que el proyecto de ley debe recoger siete objetivos fundamentales, entre ellos que el sistema se adapte a los principios de indemnidad, vertebración y objetivación, con unas tablas de fácil aplicación en aras a fomentar una rápida resolución de los conflictos para incrementar las transacciones extrajudiciales.

Además, la proposición no de ley recoge que la futura norma debe mejorar la individualización del daño, con la revisión de los diferentes perjuicios que pueda sufrir una víctima, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y económicas.

Respecto a las indemnizaciones por fallecimiento, el Gobierno debe conseguir una mejora mediante su individualización y teniendo en cuenta las nuevas formas de familia, en tanto que las indemnizaciones por secuelas tienen que reforzar especialmente la reparación del gran lesionado que queda con discapacidades que requieren de apoyos intensos para su autonomía personal, cubriendo así los perjuicios y daños emergentes por los futuros gastos asistenciales.

Otros objetivos marcados en la proposición no de ley son incorporar un sistema objetivo de indemnizaciones de lucro cesante, revisar el baremo médico de secuelas con el fin de adaptarlo al estado actual de la ciencia y tener en cuenta el gasto futuro de las víctimas con graves secuelas de por vida y el derecho de indemnización de las amas de casa por el perjuicio económico sufrido en función de su desempeño de las tareas del hogar.

PORTAVOCES

La iniciativa contó con una única abstención, la del portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, quien, a pesar de valorar los “muchos aspectos positivos” de la proposición no de ley, defendió un “cierto margen de discrecionalidad judicial” en las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico.

Por su parte, Rogelio Araújo, del PP, consideró “patente que el actual baremo no se sostiene” porque no determina cómo se repara el daño patrimonial de las víctimas de tráfico.

Juan Carlos Corcuera, del PSOE, destacó que las cuantías de las indemnizaciones en España son “muy bajas” en comparación con otros países europeos y “deja desamparados a algunos colectivos, como las amas de casa, que no reciben indemnización por perjuicio económico, o los niños atropellados que no cruzan por un paso de cebra, lo que podría llevar a una concurrencia de culpas”.

Josep Sánchez i Llibre, de CiU, subrayó que el actual sistema legal valorativo de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación “requiere una actualización de sus normas de aplicación y reglas de valoración para superar las dudas y dificultades interpretativas que determinados perjuicios han venido suscitando”.

Y Rafael Larreina, de Amaiur, señaló que el sistema debe ponerse al día porque lleva desde 1995 sin actualizarse e instó al Ejecutivo a que, “con la máxima rapidez, tenga presente las demandas de la gente de a pie”, es decir, las víctimas de accidentes de tráfico, después de que “los distintos gobiernos” hayan sido en los últimos años “muy raudos a las demandas de las grandes empresas”, singularmente los bancos y las aseguradoras.