Cáritas Española, Confer, Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz expresan su desacuerdo con la enmienda introducida por el PP en este proyecto de ley, que legitima las expulsiones sumarias en la frontera de Ceuta y Melilla.

“A nuestra preocupación por un proyecto de Ley que criminaliza la pobreza y la movilización social, se suma la consternación por la naturaleza de una enmienda que ha sido introducida a última hora por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso”, señalan estas organizaciones.

A su juicio, se trata de una medida merecedora de un “enérgico rechazo”, porque “viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla”.

Estas asociaciones pronostican que “sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas”, y recuerdan que la Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España por puestos no habilitados y que conllevan una serie de garantías para las personas migrantes, como son la asistencia letrada y el derecho a intérprete.

“Es necesario señalar que las expulsiones sumarias vulneran lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Directiva europea 2008/115/CE y el artículo 13 del Código de Fronteras Schengen, que establecen como garantías procedimentales en todo procedimiento de retorno la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada, en la que se indiquen los motivos exactos de la misma, así como el derecho a recurrir dicha resolución de forma informada y asesorada. Es más, esas expulsiones podrían ser constitutivas de una violación del artículo 6 del Carta Europea de Derechos Fundamentales (CEDH) que contempla el derecho a un proceso equitativo”,concluye el comunicado.