La iniciativa surge como altavoz de una preocupación compartida por "las amenazas a los derechos de libertad de información y de expresión en España”, según explican sus promotores en un comunicado.

La plataforma pone en su punto de mira “reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”, o “que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual”.

También rechazan “normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, como la de tasas judiciales; que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son”. Todas ellas son medidas, a su juicio, que “ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales”.

Entre las actividades que la PDLI se propone realizar destacan “el seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos”.

La plataforma también promoverá campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información, y pondrá en marcha acciones de formación, dirigidas tanto a periodistas como a activistas y movimientos sociales, para un ejercicio “seguro” de ambos derechos.

La plataforma está integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Colegio de Abogados de Madrid y la Unión Progresista de Fiscales, los periódicos ‘eldiario.es’ y ‘20minutos’, las asociaciones de consumidores OCU y CEACCU, los profesores de universidad Manuel Sánchez de Diego y Manuel Maroto (UCLM), y los periodistas Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Stéphane M. Grueso y Carlos Sánchez Almeida.