La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus manifestaciones, es “un problema global que afecta gravemente a toda la humanidad y constituye un atentado contra la dignidad personal, la integridad y los derechos fundamentales de quienes la sufren”, afirma la Declaración.

En concreto, por culpa de la violencia de género, 44 mujeres han perdido la vida en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas, y casi 30 menores han quedado huérfanos por estos crímenes machistas. Ante este problema, el Ejecutivo asegura que “la detección precoz, el apoyo y la ayuda a quienes padecen la violencia de género y el reproche a quienes la promueven son otros objetivos esenciales”.

Así, según este manifiesto, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía, especialmente de los adolescentes, es fundamental para el Gobierno, y por ello asentará en el sistema educativo los principios de la igualdad y de la prevención del maltrato, y promoverá ampliar el bagaje de conocimiento sobre este fenómeno entre la juventud, como a su juicio viene haciendo la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Asimismo, el Ejecutivo se fija como otro de “los ejes clave” la atención, asistencia y protección junto a sus madres de los menores víctimas de la violencia de género, al igual que la ayuda a colectivos como mujeres con discapacidad, mayores, del medio rural o inmigrantes.

Del mismo modo, el Gobierno anuncia que seguirá trabajando en otras formas de violencia contra la mujer como la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y la violencia sexual.

Por último, el Ejecutivo expresa el compromiso por extender dichos objetivos al ámbito internacional, principalmente en el seno de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).