Las dos enmiendas de totalidad que se habían presentado, por parte de ERC y de Izquierda Plural, fueron retiradas por los portavoces de esos grupos justo antes de la votación.

Sabino Cuadra, de Amaiur, denunció que el Estado español, desde sus orígenes, se ha basado “en la exclusión de minorías”, hasta llegar a la España de hoy “indivisible e indisoluble”. Al mismo tiempo que se decretaba la expulsión forzosa de unas comunidades, aseguró, se decretó la inclusión igualmente forzosa de otros pueblos “que no queríamos estar dentro de Estado”, y cinco siglos después “en Euskal Herria seguimos reivindicando nuestra soberanía”.

Joan Tardà, de ERC, aseguró que su grupo celebra la iniciativa pese a llegar 500 años más tarde de la “desgraciada decisión” tomada en 1492. La pretensión ahora de su grupo, explicó, es corregir también el “limbo vergonzoso” en el que viven quienes viven en España con documentación de la República Democrática Saharaui.

En nombre de Izquierda Unida, ICV-CHA La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares explicó que respalda el proyecto porque su grupo siempre ha estado “con los oprimidos, los expulsados, los marginados”, y el objetivo es restituir a unos españoles que han seguido siéndolo a lo largo del tiempo “aunque no tuvieran papeles”.

Sin embargo, alertó de que esa restitución es “parcial”, y expresó su intención de superar algunas “dificultades” durante el trámite. Por ejemplo, la imposición de una tasa, que solo puede obedecer a que a los miembros del Gobierno “se les va la mano siempre” en ese sentido. “Por qué cada cosa que traen a esta Cámara tiene que tener un precio, incluso la nacionalidad”, preguntó.

Preguntó también si es que vale menos el derecho de los saharauis o de los moriscos, y dijo al Gobierno que se puede reparar una injusticia respondiendo al mismo tiempo a otras.

Los moriscos, bereberes y saharauis fueron recordados también por el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, quien anunció la abstención de su grupo “por respeto” a todos esos pueblos.

Rosa Díez, de UPyD, coincidió en que todos esos pueblos merecen reconocimiento y reparación, pero alertó de que este caso merece singularidad en su tratamiento.

Subrayó que la comunidad judía en España fue de las más activas de Europa pese a tener leyes antisemitas de las más antiguas, y que las matanzas del siglo XIV obligaron a muchos a convertirse a la fuerza, o a celebrar sus tradiciones de forma clandestina. Su exilio, concluyó, privó a España de una parte importante de sí misma, una “aberración política” que empobreció al país en muchos sentidos y acabó con la tolerancia y el pluralismo, destacó.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, pidio al ministro de Justicia que este proyecto no quede “hibernado” como otros, y que la restitución no sea solo retórica sino real y efectiva. Expresó además su admiración por el pueblo de Israel y su derecho a tener un Estado después de miles de años preservando su identidad nacional.

La socialista Carmela Silva consideró el proyeto una decisión “justa” par responder a una “deuda histórica” con aquellos a quienes se arrebató su pertenencia a la patria por el hecho de no compartir las mismas creencias religiosas, pero no la identidad española, que mantuvieron en todos sus aspectos durante siglos.

Gabriel Elorriaga, portavoz del PP, respondió a quienes reclaman el mismo tratamiento para otros pueblos que cada caso merece una respuesta singularizada.

El PP, aseguró, tiene la mejor disposición para alcanzar los acuerdos que permitan el máximo apoyo al final de la tramitación. En ese sentido, destacó el trabajo del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sin cuyo empeño el proyecto no habría visto la luz.