Además, algunos portavoces de la oposición afirmaron que la ley invade competencias de las comunidades autonómicas y auguraron que el texto acabará siendo recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El Congreso aprobó todas las enmiendas incorporadas en el Senado, entre ellas la prórroga de las actividades prohibidas hasta 2020 y que el proceso de declaración de los parques nacionales debe contar con un diagnóstico de la accesibilidad para que estos lugares puedan ser utilizados por todas las personas.

Actualmente, España cuenta con 15 parques nacionales, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación. La última incorporación fue el de la Sierra de Guadarrama (33.960 hectáreas), entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, tras una tramitación de 10 años que concluyó en junio del año pasado.

El Gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley asegurando que prohíbe la caza, la pesca y la tala comercial en estos espacios protegidos, y que garantiza su conservación con un nuevo modelo en el que el Estado coordina la red respetando la gestión de las comunidades autónomas, procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad e integra en la gestión a los habitantes de los parques nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.

Además, el texto, que reforma la ley vigente, de 2007, incluye como novedad la posibilidad de intervención estatal en los parques nacionales, coordinada con las comunidades autónomas, en caso de catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro su riqueza natural y para evitar daños irreversibles.

POLÉMICA PARLAMENTARIA

Su llegada al Congreso concitó el rechazo no sólo de los grupos de la oposición, sino también de las principales organizaciones ecologistas, que alertaron de que el proyecto de ley dejaba la puerta abierta a la urbanización e incluía “excepciones a la carta” para fomentar actividades turísticas y económicas como la navegación en el Parque Nacional de Monfragüe y el vuelo sin motor en el de la Sierra de Guadarrama.

Sin embargo, la Cámara Baja aprobó una enmienda del PP que aclara que sólo los parques nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe mantienen núcleos urbanos en su interior, que podrán someterse a planes y normas urbanísticas según lo dispuesto en las leyes declarativas de estos espacios protegidos.

Ya en el Senado, los ecologistas y los grupos de la oposición censuraron que el PP introdujera una enmienda que permitía ‘sine die’ las actividades prohibidas en los parques nacionales, como la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Una posterior enmienda de los populares limitaba estas actividades prohibidas a 2020, en lugar de 2017, como aparece recogido en la ley de 2007, salvo que las administraciones públicas y los propietarios de fincas privadas de los parques nacionales lleguen a acuerdos voluntarios por los que aquéllas deben indemnizar a estos por no permitirles realizar esas actividades prohibidas.

En su vuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, todos los portavoces de la oposición volvieron a manifestar su rechazo al texto, mientas que la del PP, María Teresa de Lara, lo defendió con acusaciones de “utilización reiterada de la demagogia, el desconocimiento, la irresponsabilidad, el sectarismo o la mala fe” dirigidas a los representantes del resto de los grupos.

“ESCOPETA NACIONAL”

Pilar Lucio, del PSOE, avanzó que la norma prolongará el “ambiente de ‘escopeta nacional’” al permitir la caza en las fincas privadas hasta 2020, lamentó que los populares hayan dado su visto bueno a la ley para favorecer “los intereses de sus amigos” y aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy es “la mayor plaga medioambiental de la democracia” por su “política sistemática de degradación”.

"No todo vale. El propietario de una finca que ha sido declarada parque nacional tiene el deber de respetar el interés general, no el de unos privilegiados”, añadió, antes de señalar que la ley será reformada “con urgencia” cuando el PSOE vuelva al Gobierno.

Martí Barberà, de CiU, mostró su rechazo al texto por considerarlo “innecesario, inoportuno e inconstitucional” y argumentó que cambia el modelo competencial de los parques nacionales, al tiempo que aseguró que “abrirá una etapa de intensa litigiosidad jurisdiccional entre Estado y comunidades autónomas”.

Ascensión de las Heras, de La Izquierda Plural, ironizó señalando que los populares celebrarán la aprobación de la ley “como un nuevo episodio de ‘La escopeta nacional’”, es decir, “con una jornada cinegética en alguna finca emblemática del Parque Nacional de Cabañeros, contando con la compañía y las felicitaciones de lo más distinguido de la clase empresarial de este país”, y se dirigió a los diputados del PP criticando que “sus amiguetes puedan seguir entrenándose en el despreciable ejercicio de la caza”. “Les garantizo que esta Ley de Parques Nacionales va a durar muy poco, tan sólo el tiempo justo que permita echarles democráticamente de este Gobierno y derogarla”, apostilló.

Joseba Antoni Agirretxea (PNV) auguró que la protección medioambiental quedará “en una situación complicada” con la nueva ley, Toni Cantó (UPyD) reprochó al PP que sea “tímido con quienes son fuertes y audaz con los seres vivos que van a ser puestos en peligro”, Teresa Jordá (ERC) afirmó que la norma permitirá colocar “un cartelito en la entrada de los parques nacionales que dice ‘en venta’” y Joan Baldoví (Compromís) parafraseó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando dijo que “el PP es el partido de los trabajadores y nunca me canso de decirlo”, para recalcar que “se hace muy evidente que el PP es el partido de los señoritos y no me canso de decirlo”.

“BASTA YA DE DEMAGOGIA”

Antes de la votación del proyecto de ley, la portavoz del PP, María Teresa de Lara, reprendió a quienes le antecedieron en el uso de la palabra por deslizar “críticas sin sentido” y no realizar “un análisis serio y riguroso” del texto.

De Lara explicó que la norma aprobada hoy mantiene las prohibiciones recogidas en la de 2007, con la inclusión de las explotaciones y extracciones de hidrocarburos, áridos y canteras, y que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero no promovieron ningún acuerdo voluntario con propietarios de fincas privadas en parques nacionales para indemnizarles por no ejercer la caza.

La portavoz popular señaló que los derechos de caza afectan a los parques nacionales de Picos de Europa (18.000 hectáreas pertenecientes a dos municipios), Sierra Nevada (2.000 hectáreas de ayuntamientos o particulares), Doñana (una finca del Ayuntamiento de Hinojos) y Cabañeros (el 50% de su superficie es privada).

De Lara consideró no factible que la Administración General del Estado deba abonar cerca de 320 millones de euros para que los titulares de esos terrenos pierdan determinados derechos, por lo cual la nueva ley crea para ellos una seguridad jurídica hasta 2020 para evitar el “expolio” que supondría no poder cazar a partir de 2017 sin que el Gobierno compense a los propietarios, como recoge la ley de 2007.

“Basta ya de demagogia, basta ya de mentiras. Ni se deja la puerta abierta a la edificación, ni a la minería, ni a la extracción de hidrocarburos, ni a la caza, ni si favorece a los ricos ni a los amigos, como dicen ustedes de la señora Cospedal. El Grupo Popular está convencido de la necesidad de proteger el medio ambiente y nuestro rico patrimonio natural. No admitimos lecciones de ninguna de sus señorías”, zanjó.