El texto afirma que esas prácticas realizadas en Ceuta y Melilla “han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España”.

“Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda”, señala el escrito.

Con la enmienda que ha registrado el PP, se produciría, a juicio de las organizaciones firmantes, “un auténtico fraude, en cuanto excluye la posibilidad de dictamen de los órganos constitucionales e impide el debate político, jurídico y social de una reforma de tan hondo calado, demostrando el nulo talante democrático de sus promotores”.

La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, ”impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente”, añade el manifiesto. “Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación.