La Sala Penal del Supremo hace esta consideración en el auto dictado este jueves y que decide abrir una causa y asumir el proceso en el ‘caso de los EREs’ contra Chaves, Griñán y los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrias, Mar Moreno y José Antonio Viera. A todos ellos se los investigará en Madrid debido a que en la actualidad son aforados por ser miembros del Congreso o el Senado.

Contra los cinco encontró indicios la juez Alaya, que considera que existen sospechas contra estos ahora parlamentarios. Estos aforados formaron parte de la cadena de mando de la Junta andaluza que decidió, sin ningún control, sobre 855 millones de euros entre 2000 y 2012. Este dinero fue gestionado por la Consejería de Empleo para pagar ayudas y subvenciones.

En el auto conocido este jueces, los magistrados del Alto Tribunal dan por buena la argumentación de la juez Alaya, en el sentido de que Chaves y Griñán deben ser investigados por la “posición alta” y de “responsabilidad política” que tuvieron a la hora de decidir sobre el dinero de los EREs.

Según los magistrados, es pertinente investigar a los expresidente andaluces por “su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e, incluso, respecto de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”.

DESGNADO INSTRUCTOR

La Sala Segunda se ha declarado también competente para investigar, en este mismo proceso, a Gaspar Zarrias, José Antonio Viera y Mar Moreno. Respecto a las otras personas no aforadas, la Sala acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente, en referencia al juzgado de Alaya.

El Supremo nombra al magistrado Alberto Jorge Barreiro instructor de la causa que se seguirá en Madrid contra estos aforados.

En su auto, los jueces hacen constar que, en este momento procesal, le corresponde exclusivamente a la Sala Segunda del Alto Tribunal verificar si en la exposición motivada que le ha sido reenviada por Alaya se consignan hechos que, "según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos”.

También se analizará “si existen indicios consistentes” contra Chaves o Griñán o si contra ellos había “principios de prueba de la participación” en el ‘caso de los EREs’.

De lo expuesto, el Supremo indica que en la exposición razonada remitida por Alaya resulta indiciariamente que, la Junta de Andalucía existió de 2000 a 2012 un “sistema” para pagar ayudas desde la Consejería de Empleo “sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas". Este sistema permitió disponer de “importantes cantidades de dinero ascendentes”, hasta 855 millones de euros, para pagarse ayudas y subvenciones.