Los exmandatarios autonómicos serán investigados sobre su responsabilidad de que la Consejería de Empleo andaluza dispusiera supuestamente sin control de hasta 855 millones de euros de 2000 a 2012, dinero que, en teoría, estaba destinado al pago de ayudas y subvenciones.

La Sala Segunda se ha declarado también competente para investigar, en este mismo proceso, a Gaspar Zarrias y Mar Moreno. Respecto a las otras personas no aforadas, la Sala acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente, en referencia al juzgado de Alaya.

El Supremo nombra al magistrado Alberto Jorge Barreiro instructor de la causa que se seguirá en Madrid contra Chaves, Griñán, Zarrías y Moreno.

“INDICIOS CONSISTENTES”

En su auto, los jueces hacen constar que, en este momento procesal, le corresponde exclusivamente a la Sala Segunda del Alto Tribunal verificar si en la exposición motivada que le ha sido reenviada por Alaya se consignan hechos que, "según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos”.

También se analizará “si existen indicios consistentes” contra Chaves o Griñán o si contra ellos había “principios de prueba de la participación” en el ‘caso de los EREs’.

De lo expuesto, el Supremo indica que en la exposición razonada remitida por Alaya resulta indiciariamente que, la Junta de Andalucía existió de 2000 a 2012 un “sistema” para pagar ayudas desde la Consejería de Empleo “sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas". Este sistema permitió disponer de “importantes cantidades de dinero ascendentes”, hasta 855 millones de euros, para pagarse ayudas y subvenciones.