Sáenz de Santamaría se expresó en estos términos en la rueda de prensa que ofreció tras el Consejo de Ministros después de que la Audiencia Provincial de Palma resolviera la imputación de la hermana del rey Felipe VI por delito fiscal, pero no por blanqueo.

“Será la Agencia Tributaria la que tendrá que decidir su propia posición procesal habida cuenta de quien, con carácter general en los delitos fiscales, parte señalando el perjuicio, excepcionalmente, ha operado de una manera diferente”, señaló sobre el comportamiento de la Infanta y la posible acusación de la Abogacía del Estado.

Sáenz de Santamaría afirmó que “hay un procedimiento judicial” y que ante “cualquiera que sean las personas incursas en este procedimiento, el Gobierno respeta las decisiones judiciales y los procedimientos”. Insistió en que no le “corresponde” al Gobierno “valorar las decisiones personales que se pueden adoptar en ese ámbito”.

A partir de ahí, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que “la tónica general en materia de delito fiscal siempre parte de un informe y de un reconocimiento de ese perjuicio fiscal por parte del perjudicado, que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria”, que recordó, “es una persona jurídica en la Administración General del Estado”.