En este ocasión, además de interponerla en el Ministerio de Economía y Competitividad, lo han hecho por primera vez de forma simultánea en los campamentos saharauis (Tinduf, Argelia) y en Madrid, con el fin de “dar una dimensión internacional a esta iniciativa cuyo alegato fundamental es que la Administración española está vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas transacciones en los casos en que existan indicios racionales de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos”, según un comunicado conjunto de las organizaciones.

En concreto, la denuncia en Madrid la interponen la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sahara), Justicia i Pau, la Red de Estudios sobre Efectos de Minas Terrestres y Muros en el Sahara Occidental (Remmso), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental.

Mientras que en los campamentos saharauis intervenían en la denuncia paralela la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (Ajasahara) y la Asociación de Familiares y Presos de Desaparecidos Saharauis (Afapredesa), acompañados por el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de visita en los campamentos saharauis desde el pasado miércoles por invitación del presidente Mohamed Abdelaziz.

Además, las organizaciones denunciantes han trasladado sus demandas al secretario general de Naciones Unidas, con la entrega de una carta, a través a los responsables de la Minurso en Tinduf, dirigida a Ban Ki Moon, acompañada de un “dossier histórico” de las acciones legales emprendidas, en la que se le solicita que, como depositario del “Tratado sobre Comercio de Armas”, exija al Gobierno español “el cumplimiento de sus obligaciones como país firmante. Además, se le pide que demande a España el respeto a las Resoluciones de Naciones Unidas, tanto en su condición de potencia administradora, por entender que viola sus compromisos internacionales al autorizar ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la fuerza un territorio que se encuentra a día de hoy pendiente de descolonización; como a los principios y fines denunciados en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General donde se indica el deber de los Estados de abstenerse de instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o de consentir actividades organizadas dentro del territorio de los pueblos en proceso de descolonización encaminadas al uso de la fuerza.

Durante el acto en el Sahara, según el comunicado, Maíllo afirmó que “España tiene mucho más que hacer para afrontar una salida justa al conflicto saharaui. Hay que evitar amenazas como las que se derivan de la venta de armas y, sobre todo, hacer una apuesta ambiciosa para reordenar las relaciones con Marruecos, promoviendo la política de buena vecindad en condiciones de respeto mutuo y de apoyo a la paz”.