La iniciativa está suscrita por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.

En su comunicado conjunto, las asociaciones alertan de que la sociedad española atraviesa por una situación de “máxima alarma” ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que “nos sobresaltan” en los últimos tiempos.

Entre las medidas que proponen para acabar con los corruptos figuran la reducción del número de aforados y la reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

Jueces y fiscales, dicen, “no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación”.

COLAPSO DEL ESTADO DE DERECHO

Denuncian los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos, que “socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho”.

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial en las sucesivas legislaturas democráticas, agregan, ha ido “pervirtiendo” la separación de poderes que “toda Constitución debe salvaguardar”.

En ese esquema, denuncian, los partidos políticos “de uno y otro signo” han tratado de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles y el presupuesto asignados a la justicia “dista mucho del existente en países de nuestro entorno”.

La consecuencia de estas circunstancias es “el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española”.

Para atajar esta preocupante situación los firmantes proponen evitar “inaceptables injerencias” del poder político en la elección de los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial e incrementar el presupuesto destinado a Justicia.

Exigen una dotación de medios adecuada, especialmente para los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo, como las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.

Piden, asimismo, un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción, así como una revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

Proponen igualmente la mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria, la reducción del número de aforados en el ámbito político y la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y la reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.