El Cermi considera que en estos momentos no se tiene información estadística sobre el número de mujeres con discapacidad que sufren maltratos físicos y psicológicos, pese a que se estima que la cifra es elevada.

Según informa, los datos recogidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género constatan que las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género con mucha mayor frecuencia que el resto de mujeres. Por ello, el Cermi señala que existen algunos aspectos claves de la Ley de Violencia de Género que necesitan una modificación.

Otra de las propuestas del Comité busca la igual consideración como persona ante la ley para todas las víctimas de violencia de género y destaca el especial caso de las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que suelen no ser consideradas aptas para el cuidado de sus hijos a favor de sus parejas, quienes utilizan su condición de discapacidad para someter a estas mujeres a esta incapacitación con el objetivo de quedarse con la custodia de los hijos como una forma de violencia contra ellas.

Por otra parte, el Cermi propone la adecuada consideración del tratamiento de la discapacidad cuando esta se adquiere como consecuencia de un acto de violencia, especialmente cuando se trata de la valoración de la violencia psicológica debido a que esta pueda acarrear una enfermedad mental que, generalmente, o no se reconoce o se tarda en hacer, agravando consecuentemente la situación personal de la mujer.

Además, el Cermi solicita la incorporación del concepto de ajuste razonable en las provisiones de accesibilidad de la ley, ya que, pese a que la ley cuenta con algunas previsiones sobre accesibilidad para casas de acogida y otros recursos ofrecidos, la realidad es que estos no son accesibles y en este sentido es necesario promover medidas concretas de acción para evitar su exclusión de las políticas y servicios generales.

Otra propuesta de la organización es que la esterilización forzosa o el aborto coercitivo sean considerados formas de violencia contra la mujer, al considerar que tales actos pueden llegar a equivaler a la tortura. En este sentido, el Cermi recuerda que tanto la esterilización forzosa como el aborto coercitivo siguen practicándose, sobre todo, en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial sin contar con su consentimiento bajo el pretexto de su bienestar.

Por último, la entidad considera necesario ampliar el concepto de violencia contra las mujeres y las niñas adoptando la redacción del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta redacción considera que la violencia contra la mujer y niñas con discapacidad contempla no solo la de la pareja o cónyuge, sino también aquella que proceda del entorno familiar e institucional, incluyendo también los actos cometidos en sus hogares o en instituciones por miembros de la familia, por personas encargadas de su cuidado o por desconocidos, así como la esterilización forzada y el aborto coercitivo.