La Fravm interpondrá esta demanda en representación de las 180 entidades vecinales federadas de Madrid y de las más de 3.000 personas que, a través del movimiento vecinal, han presentado un recurso económico contra esta tasa.

A través de un comunicado, la Fravm recuerda que las tasas son tributos creados "ad hoc" para financiar la prestación de un servicio cuyo importe, como establece la Ley de Haciendas Locales, se establece para cubrir su coste real (artículo 24), previamente reflejado en un informe técnico-económico (artículo 25).

Además, esta federación señala que este informe debe ponerse a disposición de las personas interesadas antes de la fijación de la tasa, tal y como establece el artículo 151 de la ordenanza fiscal de 23 de diciembre de 2004, un trámite que el Ayuntamiento ha omitido, privando así a la ciudadanía de esta información, a juicio de la Fravm.

Según esta organización vecinal, la ley vigente establece que las cantidades cobradas por la tasa deben ser las que se deriven del servicio prestado, sin que pueda haber diferencias en las cuantías, salvo que éstas se basen en criterios genéricos de capacidad económica real.

"El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo", denuncia Francisco Caño, responsable de Medio Ambiente de la Fravm, "ha fijado la cuantía de la tasa en función del valor catastral de las viviendas, una práctica no autorizada por la normativa vigente, ya que no refleja necesariamente la capacidad económica de sus propietarios o inquilinos, como no dejamos de constatar en los barrios".

Además, Caño no entiende "que tengamos que pagar cada vez más por el servicio de recogida y tratamiento de basuras cuando paralelamente se nos está exigiendo de forma coercitiva que separemos y reciclemos nuestros residuos. Si realizamos parte del servicio que se nos cobra, debería reflejarse en lo que pagamos", concluyó.