Así consta en la motivación de unas de las enmiendas de adición que ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado 2015, en la que propone “las regulaciones legales oportunas para que los miembros de la Casa Real se asimilen a los altos cargos de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno de la nación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones previstas en relación con los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales”.

Asimismo, propone que “en los Presupuestos Generales del Estado, la cantidad para el sostenimiento de la Casa de su Majestad el Rey a través del programa presupuestario 911M, Jefatura del Estado, presentará la desagregación por conceptos y subconceptos presupuestarios precisa para conocer la distribución de dicha cantidad”.

Otra de las enmiendas afecta a la Iglesia católica. La Izquierda Plural propone hacer un calendario para implantar las medidas oportunas que la “completa autofinanciación de la Iglesia católica a través de las donaciones de sus fieles y de sus propios”.

La enmienda persigue eliminar “definitivamente” la aportación que la Iglesia católica recibe en concepto de asignación tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El objetivo de esta enmienda es que “la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis”. Además, para La Izquierda Plural “las confesiones religiosas no deben recibir un trato de favor en cuanto a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.

Otra de las enmiendas propone la derogación de las tasas judiciales, por entender que “supone un ataque frontal al servicio público de la Justicia” que pretende “implantar un modelo ‘mercantilista’ de los servicios públicos”.

“Frente a la recaudación de impuestos para dotar de los servicios públicos que precisa nuestra sociedad, se está imponiendo el criterio de (re)pagar por usar, dificultando en este caso el acceso a la justicia de la mayoría de la ciudadanía”, argumenta La Izquierda Plural.