Precisamente, tras la polémica de los últimos meses de si se estaban realizando devoluciones en caliente por parte de las autoridades españolas, se ha abierto de nuevo el debate por la intención del PP de legalizar esta práctica a través de una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Estas entidades católicas confiesan estar "alarmadas por el aumento de las muertes en el paso fronterizo, el uso desproporcionado de la violencia en la valla de Melilla, las prácticas de expulsión realizadas bajo dudosa legalidad, la imposibilidad de solicitar asilo y las últimas agresiones contra inmigrantes subsaharianos en países de tránsito".

Por esto, en un comunicado alertan sobre la “globalización de la indiferencia” que denunció el Papa Francisco en la isla de Lampedusa, "ante la deshumanización de la vida que estamos sufriendo en nuestras fronteras".

Piden a la sociedad "ir más allá del sensacionalismo que transmiten noticias aisladas e inconexas, y a tomar conciencia de las causas que producen sin interrupción estos hechos dramáticos. Nuestra sociedad no puede tolerar leyes, ni actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni acuerdos sobre inmigración entre Estados que supongan mayores sufrimientos y vulneraciones de derechos hacia las personas".

En su opinión, la pasividad social y la indiferencia "refuerzan y legitiman este tipo de prácticas, que amenazan la vida y los derechos humanos de las personas inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados".

Consideran que las medidas y actuaciones adoptadas en torno a la frontera únicamente consiguen incrementar "aún más si cabe el sufrimiento, dolor y muerte de todas aquellas personas que están arriesgando, e incluso perdiendo, sus vidas mientras buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa".

Por último, insisten en que “la condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos inalienables que no pueden violarse ni desconocerse".