González informó de que en la primera reclamación, presentada el 27 de octubre, se solicitó la compensación, por un importe de 2.873 millones de euros por los menores ingresos recaudados por la Comunidad de Madrid desde el año 2002 como consecuencia de la actividad legislativa del Estado en materia tributaria.

En la segunda, interpuesta el 14 de diciembre, se reclamó una compensación de 2.710 millones por el incremento de obligaciones de gasto sufrido por la Administración madrileña, y que no estaban inicialmente previstas en el sistema de financiación.

En este sentido, indicó que el Estado suscribió el pasado mes de octubre un acuerdo con la Comunidad de Aragón, por el que será compensada con 500 millones en concepto de las mermas recaudatorias ocasionadas por la política fiscal del Estado; esto es, por la repercusión que sobre las cuentas aragonesas hayan podido tener las bajadas de los impuestos cedidos.

A su juicio, se entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola comunidad autónoma quebraría el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución, que establece que “las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Explicó que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (LJCA) establece que, si no existe contestación en el plazo de tres meses, la Comunidad puede interponer el recurso judicial correspondiente, para lo que le concede un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso

administrativo.

Recordó que el pasado 27 de enero venció el plazo para la primera de las reclamaciones y el 15 de marzo de 2010 finaliza para la segunda.

Aseguró que la Comunidad sigue, en este caso, el mismo procedimiento utilizado por el Gobierno de Aragón, que formuló una reclamación de compensación al Estado por las mermas recaudatorias ocasionadas en la región como consecuencia de las decisiones legislativas adoptadas por el Gobierno central.

Ante la desestimación de la reclamación efectuada, el Gobierno de Aragón recurrió por vía contencioso administrativa, pero antes de obtener un pronunciamiento del tribunal se llegó a un acuerdo en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad de Aragón, reconociendo el Estado a favor de Aragón la compensación de 500 millones solicitada en 2009.

En total, la Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central una deuda de 14.783 millones de euros contraída por el Estado con esta región por la no actualización de la población desde 1999 en el nuevo modelo de financiación autonómica, la falta de inversión de Zapatero en los últimos seis años, el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad, así como la minoración –como se ha indicado anteriormente- de los ingresos de la región por las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria desde 2002 y las nuevas obligaciones de gasto como consecuencia de las modificaciones normativas adoptadas por el Gobierno central.