El nuevo documento “aclara una a una” las competencias a las que aspira la comunidad, basadas en el traspaso suscrito por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para Andalucía en relación al Guadalquivir, y “el por qué” de las mismas.

El portavoz y consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció hoy, tras el Consejo de Gobierno regional, que convocará al grupo de trabajo sobre esta materia dentro de la Comisión Mixta Gobierno-Junta en la segunda quincena de febrero, con el reto de suscribir un acuerdo antes del verano.

La propuesta de Castilla y León expresa que la aprobación del real decreto de traspaso de funciones y servicios se producirá en el plazo de un año tras la firma del acuerdo inicial.

De Santiago-Juárez afirmó que en septiembre la Junta remitió una propuesta al Gobierno basada en el “modelo adecuado” del Guadalquivir, y que recibió una contestación por parte del Ejecutivo central, tres meses después, totalmente “descafeinada”.

En este sentido, el Gobierno regional mantiene sus aspiraciones iniciales en el nuevo documento, donde desgrana todo el arco competencial que considera propio de la región, conforme al Estatuto de Autonomía, y lo avala con un informe jurídico.

El consejero portavoz concretó que presentará el texto remitido al Gobierno a CCOO, UGT, Consejo Regional de Cámaras de Comercio, organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UCCL, COAG y UPA), Federación de Regantes, Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y grupos políticos con representación parlamentaria en diversos encuentros el 1 de febrero.

El Gobierno regional aspira a regir en el ‘uso del agua’ para abastecimiento y regadío; en su ‘tutela y control’, como la autorización de vertidos o el régimen sancionador, y en las ‘obras hidráulicas’, como embalses, presas, depuradoras y laminación de avenidas.