La diputada popular Teresa Cobaleda manifestó que la cualificación profesional de asistente personal carece de perfil profesional con reconocimiento oficial, lo que supone un "vacío legal" que dificulta la mayor contratación de este tipo de asistentes.

La proposición del PP, que tuvo el respaldo de CiU, indica que "se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones (del asistente personal) realizadas".

El texto señala que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentran en un régimen de trabajo que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo.

El Grupo Parlamentario Popular considera que es necesario regular la figura del asistente personal, "para que así puedan disponer, tanto los trabajadores que se dedican o quieran dedicarse a este trabajo, como aquellas personas con discapacidad o mayores que quieran contratar un asistente personal, de un marco legal específico, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito laboral".

La comisión también aprobó una propuesta del PSOE para que se ponga a disposición de los estudiantes de Medicina con discapacidad, en cada una de las fases de su proceso formativo, los ajustes razonables para garantizar su igualdad de oportunidades y la ausencia de toda discriminación; así como que se les informe de las limitaciones futuras que pudieran tener a pesar de esos ajustes.

CRITERIOS HETEROGÉNEOS

La comisión parlamentaria también aprobó otra proposición no de ley del PP para que el Ejecutivo fije criterios "básicos y comunes" en todo el Estado para la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

El popular Francisco Vañó señaló que ahora hay criterios “muy heterogéneos a la hora de conceder este tipo de tarjetas” dependendiendo de las comunidades y ayuntamientos, y sería mejor que hubiera “un modelo único”.

En la exposición de motivos, el PP dice que hay que acabar con la actual paradoja de que la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida emitida en un ayuntamiento o comunidad no es válida en otro lugar de España que, a su vez, expide su propia tarjeta.

La Comisión rechazó una proposición no de ley del PSOE para que el Gobierno mejore las políticas de empleo para discapacidad. Mientras la diputada socialista Laura Seara defendió que hacen falta nuevas medidas porque los presupuestos para 2015 llevan “cero patatero” en este ámbito, la popular Carmen Álvarez Arenas dijo que el Gobierno no ha parado en estos años de demostrar que la creación de empleo para personas con discapacidad es un “objetivo prioritario” y mencionó el Plan Integral de Discapacidad, “que tiene un capítulo de empleo que se lleva el 95% de los recursos”.

Tampoco prosperó una proposición no de ley de CiU para que se conceda el grado mínimo de discapacidad , el 33%, a las personas que ya tienen reconocida por ley la situación de dependencia.

La diputada de CiU Concepción Tarruella afirmó que esta iniciativa busca evitar dos trámites a quien ya tiene reconocida la dependencia. Recordó que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este martes en un acto de homenaje al tercer sector en la agencia de noticias de Servimedia que es una prioridad del Ejecutivo mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia. “Demuéstrenlo con hechos”, invitó la diputada nacionalista.

Por el PP, Teresa Marín rechazó la proposición con el argumento de que no se puede hacer la asimilación entre discapacidad y dependencia porque son conceptos diferentes.