Según indica el Cermi, en los años de aplicación de esta legislación se ha evidenciado que “no todas las situaciones de extrema necesidad social estaban amparadas por esta normativa, y que muchos casos sangrantes de lanzamientos de personas vulnerables seguían produciéndose por derivar su desahucio de un contrato de alquiler y no de una hipoteca”.

En este sentido, explica que las personas con discapacidad y las familias que las tengan en su seno, tienen, por una parte, mayores dificultades a la hora de afrontar cuotas hipotecarias y alquileres derivados de su vivienda, debido a los mayores gastos que deben acometer por causa de la discapacidad y a los menores ingresos medios que obtiene y a su mayor probabilidad de estar sin trabajo.

Por otra parte, continúa el Cermi, además, por ejemplo, una persona con discapacidad con movilidad reducida, ciega, sorda, sordo-ciega o con discapacidad intelectual o del desarrollo, tiene muchas más dificultades adicionales a la hora de reconstruir su vida tras ser desalojada de su vivienda.

Así, expone que las personas con discapacidad o las familias en las que viven “sufren unas condiciones de vulnerabilidad netamente superiores en los casos en los que se produzca la pérdida de vivienda”.

Por ello, el Cermi urge a la modificación del régimen legal de desahucios, la cual, en su opinión, debe tener en cuenta la singular situación de las personas con discapacidad y de las familias en las que se integran, a fin de aportarles una especial protección frente a los efectos adversos de los procesos de desahucio de viviendas y alojamientos.

Asimismo, considera que esta protección no debe comprender únicamente las situaciones individuales, sino que ésta abarque también a las viviendas o alojamientos colectivos de personas con discapacidad, tales como pisos de apoyo o para la vida independiente, de los que son titulares organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector de la discapacidad.