Con este objetivo, los profesionales del equipo que dirige el académico vasco han desarrollado una metodología que, después de elaborar un mapa de grupos de interés e identificar sus variables de valor, permite conocer el impacto global de las entidades en la sociedad.

“Es un modelo poliédrico con el que sabemos lo que se aporta a cada uno de los grupos de interés en función de la tipo de entidad, bien sea empresa, administración pública o una entidad sin ánimo de lucro, y en el que tenemos también en cuenta el sector en el que están operando”, según manifestó Retolaza en una entrevista a Servimedia.

Retolaza afirma que se trata de pasar de una perspectiva tradicional basada en el valor que se genera para los accionistas, y con indicadores financieros, a un nuevo sistema que tiene en cuenta la actuación global de las entidades y su influencia en todas sus áreas de actuación.

Para ello se ha desarrollado una metodología y unas herramientas que parten del trabajo realizado por el Grupo de Investigación ECRI (Ethics in Finance and Governance) de la Universidad del País Vasco, que lidera el profesor.

Se trata de tres bloques de valor. En primer lugar, el valor generado por la propia actividad económica; en segundo lugar se tiene en cuentan el retorno de flujo con las administraciones públicas, y por último, está el valor específico de la entidad, que es el generado por la relación que se mantiene con los distintos grupos de interés.

Aunque actualmente existen otra serie de sistemas que tratan de medir el impacto social, la metodología desarrollada por el grupo de expertos es un sistema de cuantificación abierto. “Queremos que esté validado por los stakeholders sobre los que se mide el impacto social”, reiteró Retolaza.

El objeto es un sistema integrado de contabilidad que permita considerar conjuntamente el valor social y el valor económico (blended value) generado por las organizaciones al conjunto de sus stakeholders o grupos de interés.

Actualmente, la metodología se ha usado en entidades sin ánimo de lucro como el grupo Lantegui Batuak, administraciones públicas tanto en el País Vasco como en Cataluña, así como empresas privadas como Sacyr en Chile.