El texto aprobado por la Cámara Baja rechazó 163 de las 166 enmiendas votadas y todos los diputados dieron su consentimiento a una transaccional formada por una enmienda del PSOE, otra de CiU y otra de La Izquierda Plural.

De esta forma, los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales deberán contar con “un análisis de accesibilidad de todos los elementos destinados a uso público para que puedan ser utilizados por todos los visitantes de al forma más autónoma, cómoda y segura posible, independientemente de sus desempeños funcionales e incluidos los productos de apoyo que pudieran utilizar los visitantes con discapacidad”.

El proyecto de ley disipa las dudas de las organizaciones ecologistas de que el proyecto de ley permitía la urbanización en estos espacios protegidos, ya que incorpora una enmienda del PP, aprobada la semana pasada en ponencia, que aclara que sólo los parques nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe mantienen núcleos urbanos en su interior, los cuales podrán someteres a planes y normas urbanísticas según lo dispuesto en sus respectivas leyes declarativas.

En el de Picos de Europa (Cantabria, Asturias y León) se enclavan los municipios de Oseja de Sanambre y Posada de Valdeón, con una población inferior a los 500 habitantes en cada uno de ellos, y el de Monfragüe cuenta con el núcleo urbano de Villareal de San Carlos, con una treintena de habitantes.

Una de las novedades del proyecto de ley es que permite la navegación en las aguas del de Monfragüe “con la finalidad de difundir los valores naturales del parque nacional, en número y forma que resulte plenamente compatible con estos valores”, así como los vuelos sin motor en el de la Sierra de Guadarrama, aunque con autorización del plan rector para “determinar las cotas, periodos y zonas donde tal actividad no resulte incompatible con la conservación de los recursos del parque”.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Todos los grupos de la oposición mostraron su rechazo a la norma con distintos argumentos. El portavoz del PSOE, Alejandro Alonso, fue el más beligerante, al asegurar que la ley, que modificaría la vigente, de 2007, responde a “algún prurito personal de algún alto cargo del Ministerio” de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relacionado con “intereses económicos”.

Alonso señaló que la Ley de Parques Nacionales de 2007 se aprobó con “el consenso de todos los grupos” y que la modificación normativa obedece a “la obsesión del PP por degradar las políticas ambientales”. “Ustedes van a cambiar una ley consensuada por una ley partidista”, añadió dirigiéndose a los diputados populares, al tiempo que destacó que la normativa vigente cuenta con “el respaldo del movimiento ambiental y científico, y el consenso de todas las comunidades autónomas”, así como que “terminó con décadas de conflictos competenciales” y se ha aplicado “razonablemente bien” y “sin conflictos”.

Además, solicitó a los populares mayor precisón porque la norma permite actividades de “control de poblaciones” que pueden llevar aparejadas “monterías encubiertas”. “¿Van a permitir que se realicen monterías en los parques nacionales o no? Creo que molestan a las organizaciones ecologistas y a los cazadores”, apostilló.

El portavoz de CiU, Martí Barberà, enumeró en su intervención un sinfín de motivos de rechazo, todos ellos relacionados con la “invasión competencial flagrante” hacia las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de estos espacios verdes.

Álvaro Sanz (La Izquierda Plural), Toni Cantó (UPyD) y Olaia Fernández (Grupo Mixto) también mostraron argumentos contrarios a la aprobación del proyecto de Ley de Parques Nacionales.

Por contra, Olga Iglesias y José María Alonso, del PP, aseguraron que, con este proyecto de ley, “el Gobierno muestra su compromiso con el medio ambiente y con la biodiversidad”, que uno de sus “hitos” es “mejorar la coordinación de la red estatal de los parques nacionales”.