Desde que en 2007 se aprobó la ley que reconoce las lenguas de signos españolas y que regula los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, no se ha realizado el estudio que esa norma mandataba para conocer la situación de ese colectivo.

Por ello, el PNV exige al Ejecutivo que realice el pertinente estudio para determinar el número de personas sordociegas, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, de manera que se pueda planificar el número y situación de los centros de referencia y los recursos con los que deben contar.

De igual modo, solicita que se regule de manera oficial la cualificación profesional de los mediadores especializados de modo que tengan el reconocimiento del Instituto Nacional de Cualificaciones.