Así lo señala la institución en su informe bienal sobre la economía española, en el que considera que el regulador debería aplicar modelos de costes “transparentes” en la fijación de los precios regulados en el sistema eléctrico, tales como los que deben abonarse por utilizar la red.

En este sentido, señala que deben “controlarse y evaluarse con regularidad” la normativa y los mecanismos de compensación a fin de ajustarlos a las condiciones del mercado y a la situación económica.

La organización internacional achaca a las “previsiones incorrectas” de la demanda y a la “elevada” inversión en energías renovables, que “recibían el apoyo más elevado en toda Europa”, el aumento de los costes desde mediados de la pasada década en el déficit de tarifa eléctrico, que ha dado lugar a “pasivos significativos”.

Por ello, para que la reforma eléctrica resulte “efectiva”, la norma “cero gastos nuevos sin un aumento equivalente de los ingresos” debe respetarse “escrupulosamente”, señala la OCDE, que aboga por políticas en el ámbito eléctrico diseñada “cuidadosamente” para aumentar “al máximo” su efectividad y reducir “al mínimos” los costes, incluidos los fiscales.

De esta forma, apuesta por la utilización de instrumentos basados en el mercado como herramientas principales para estas políticas, si bien “la regulación y las políticas de otra índole también tienen un papel que desempeñar”.

A su juicio, el Gobierno debe seguir fomentando la entrada de nuevas empresas dotadas de tecnologías “más respetuosas” con el medio ambiente, optimizando la utilización de la tributación, las subvenciones y demás instrumentos para asegurarse de que los precios del mercado reflejen “más fielmente” los costes y beneficios medioambientales de las diferentes actividades.

NORMAS “MÁS ESTRICTAS”

“La aplicación de normas de regulación más estrictas también puede desempeñar un papel destacado”, añade la OCDE, que aboga porque las políticas sean concebidas para atraer inversión privada ofreciendo unos marcos “estables” de políticas nacionales para la inversión en actividades con bajas emisiones de carbono.

En su opinión, las tarifas reguladas de alimentación y las primas pueden ser una forma “costosa” de reducir las emisiones en comparación con el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.

De hecho, señala que el coste de estas tarifas y otros costes regulados no se repercutió íntegramente a los consumidores “lo cual aminoró el impacto de los incentivos y se tradujo en un aumento significativo de la deuda contraída con los productores a cuenta del déficit de tarifa”.

OBJETIVO DE RENOVABLES

Los últimos cambios respecto a estas tarifas buscan “velar por la sostenibilidad del sistema”, si bien “han desencadenado diversos litigios con inversores en proyectos de energías renovables”.

Por ello, la OCDE apunta que establecer incentivos “predecibles” es “fundamental” para atraer inversores a las energías renovables, y advierte de que España podría tener que introducir más medidas a fin de alcanzar sus objetivos en materia de energías renovables.

Los costes de tales medidas “deberían repercutirse íntegramente a los consumidores” y reducirse al mínimo los costes fiscales, al tiempo que el sistema debe asumir un coste adicional para encajar la mayor penetración de estas energías. En cualquier caso, la OCDE cree que España va camino de cumplir su meta utilizando los mecanismos flexibles previstos en el protocolo de Kioto.