En concreto, sólo los trabajadores de los servicios de empleo de Irlanda superan a los españoles, con una media de 778 demandantes. Por el contrario, la menor carga de trabajo se registra en Reino Unido (22), Dinamarca (36) y Alemania (47).

España registra esta cifra tan alta a pesar de que es el cuarto país con un mayor número de trabajadores en los servicios públicos de empleo, con 21.400, según datos del año 2011, sólo por detrás de Alemania (110.000), Reino Unido (72.900) y Polonia (23.800).

Sin embargo, el elevado nivel de paro y de demandantes de empleo (5.745.300), el más alto de Europa, hace que la carga de trabajo media sea la segunda mayor del continente.

Ante esta situación, el informe de la OCDE reclama una “reasignación” de partidas de otras áreas de gasto a mejora la activación de los parados. En este sentido, considera que primero se debe trabajar en incrementar la eficiencia de los servicios públicos de empleo.

Una vez logrado el objetivo de mejorar su eficiencia, el organismo internacional considera que podría llevarse a cabo un “incremento del número de trabajadores de los servicios públicos de empleo”, si bien advierte que “sería costoso”.

La OCDE hace hincapié en la necesidad de que el sistema protección por desempleo español profundice en las obligaciones que tiene el parado que cobra la prestación. En concreto, aboga por “definir más claramente el concepto de ‘oferta de empleo adecuada”, y sostiene que es necesario que atienda a “criterios objetivos” como la prima de retribución que el empleo ofrecido tiene sobre la prestación por paro o la duración restante de la prestación.

REFORMAS

En cuanto a las reformas acometidas por el Gobierno en materia laboral, la OCDE considera que debería profundizar en ellas. Por ejemplo, apuesta por que el Ejecutivo incremente paulatinamente los requisitos de representación aplicables tanto a sindicatos como a patronales en la negociación de un convenio colectivo, para favorecer que el proceso sea “más inclusivo”.

También insta a exigir a las empresas que se adhieran a los convenios sectoriales, ya que considera que eso favorecería la flexibilidad de salarios y permitiría la entrada de empresas nuevas e innovadoras.

Por último, destaca que el porcentaje de despidos declarados procedentes se ha duplicado, pasando del 30% en 2010 al 60%. Sin embargo, advierte que si esta mejora “se estanca” podría ser necesario “clarificar con mayor exhaustividad la distinción jurídica entre procedentes e improcedentes”.

Asimismo, el organismo internacional lamenta que el Ejecutivo no haya seguido su recomendación de reducir en mayor medida la indemnización por despido improcedente o la creación de un contrato único.