Esta exigencia surge a raíz del desembarco de miles de inmigrantes a las costas gaditanas entre los días 4 y el 12 de agosto así como los episodios “que ocurren con cierta frecuencia” en las vallas de Ceuta y Melilla, en referencia a los saltos y las avalanchas, informó la abogacía.

El Consejo criticó el “número de irregularidades procedimentales” que, en ocasiones, deriva en “verdaderas vulneraciones de derechos” a causa de respuestas judiciales y políticas “inapropiadas” ante la ausencia de unas normas “claras y específicas”.

Para hacer frente a estas situaciones, la Abogacía se ofreció a “dar un paso al frente” en la coordinación y colaboración del desarrollo de dicho Protocolo, “junto con las autoridades competentes y la Oficina del Defensor del Pueblo”.

Asimismo, desde la CGAE se comprometen a elaborar “con la mayor celeridad posible” un protocolo específico de los servicios del Turno de Oficio. En este sentido, insistieron en “la falta de medios de algunos juzgados” para atender a los inmigrantes así como la inexistencia “de equipos especializados de protección individual”.

Pese a la “extraordinaria situación” que viven los inmigrantes, desde la CGAE también valoraron la “excelente labor y la solidaridad” demostrada por la población, los abogados, las autoridades locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española y servicios sanitarios

INMIGRANTES RECLUIDOS

Por otra parte, la Abogacía exigió a los ministerios de Interior y Justicia que “aclaren” la situación jurídica de las personas que continúan recluidas en el “centro especial” de Algeciras desde el 12 de agosto para determinar “si se encuentran o no privadas de libertad de deambulación”.

En este sentido, el Consejo afirmó que estas personas necesitan una “urgente aclaración y en todo caso su inmediata puesta bajo la tutela judicial” y recordó que la petición de “habeas corpus” realizada por abogados y algunas ONGs ha sido desestimada.

Asimismo, la CGAE explicó que, desde el pasado 26 de agosto, se han tramitado 916 expedientes de expulsión para otros tantos inmigrantes de entre los 1.409 llegados entre el 4 y el 12 de agosto a las playas gaditanas, según datos de la Diputación Permanente ofrecidos por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Leopoldo Barreda de los Ríos.

De ellos, 543 esperan en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a ser deportados; 546 están “confiados” a diferentes ONG para su acogida en distintos puntos del país, y 340 siguen en Tarifa, 90 de ellos irán a los CIE de Madrid y Barcelona, 78 serán acogidos por ONG y 7 están en libertad, previo expediente de expulsión “por tener recursos o familia en España”.

La CGAE también recordó que estos fenómenos migratorios no son “un problema exclusivo de ningún país europeo” y por ello instaron a la Comisión Europea a que elabore directrices pertinentes y recoja las aportaciones de los protocolos de actuación desarrollados por cada uno de los Estados miembros que soportan las llegadas irregulares masivas de inmigrantes.