Según explicó el Consistorio, la campaña ha comprobado el estado, el cumplimiento de la legalidad urbanística y el respeto a la tipología original de estas viviendas unifamiliares del primer tercio del siglo XX, incluidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.

Las inspecciones se han traducido en el inicio de 202 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística: 14 órdenes de paralización de obras y 188 órdenes de legalización de actuaciones.

Se han abierto 51 expedientes sancionadores, se han dictado 63 órdenes de demolición y tramitado 22 expedientes de ejecución subsidiaria. Además, en 690 fincas las inspecciones han detectado deficiencias en el deber de conservación.

El tipo de infracción más frecuente corresponde a la ocupación con edificación del espacio libre de parcela (141 casos) y a las obras en cubiertas (88 casos), ya sea por alteración de la volumetría o por la apertura de huecos en las mismas.

El resto lo forman un conjunto de infracciones con menor incidencia como alteración de fachadas, construcción de piscinas, pérgolas o ampliación de sótanos. Asimismo se han detectado 91 alteraciones del uso residencial sin contar con las preceptivas licencias. En cuanto a la mala conservación, la inspección se ha centrado en las fachadas y cubiertas (333 casos) y en el cerramiento de las parcelas (486).