El Tribunal Constitucional denegó a través de esta sentencia la pensión de viudedad a una mujer lesbiana residente en Málaga, quien había mantenido una relación afectiva con su pareja desde el año 1984 hasta el fallecimiento de ésta en 2002, tres años antes de la aprobación del matrimonio igualitario en España.

Para el presidente de Colegas, Paco Ramírez, se trata de una sentencia “injusta que deja indefensas a unas parejas homosexuales que llevan toda la vida luchando por mantener su relación afectiva ante un entorno social hostil”, al tiempo que señaló que España está “retrocediendo alarmantemente en derechos sociales”.

De este modo, el Constitucional ha avalado la Ley General de la Seguridad Social de 1994, que señala como condición necesaria para acceder a la pensión de viudedad el hecho de haber contraído matrimonio, excluyendo a las uniones de hecho tanto hetero como homosexuales.

“El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene que actuar para paliar esta sangría de injustas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional”, recalcó Ramírez, quien consideró inaudito que sea necesario esperar justicia fuera de España, cuando este país había sido hasta hace poco referente en derechos sociales.