Los EVO tienen encomendada, por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, la aplicación de los baremos aprobados por este real decreto.

Con la nueva orden, se pretende que con la información obtenida no sólo se valoren las situaciones de discapacidad que pueden dar lugar al reconocimiento de un grado de discapacidad, sino que también se evalúen las capacidades o aptitudes que tenga la persona, a efectos de su inclusión social y laboral, con el consentimiento previo y expreso de la persona con discapacidad o de su representante legal.

Con el desarrollo de esta orden se cumple con lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el día 13 de diciembre de 2006.

En ese sentido, el Gobierno pretende facilitar la labor de las oficinas del Servicio Público de Empleo, así como desarrollar todo lo establecido en las leyes que tienen como objetivo lograr la adecuación entre las capacidades funcionales de los trabajadores y las características de los puestos de trabajo.