Según AI, la decisión del Comité de Naciones Unidas es muy importante, ya que, "desgraciadamente, siguen existiendo muchos casos similares al de Ángela".

Amnistía recuerda además en un comunicado que ha analizado la aplicación de la ley integral y, en relación con este caso, envió un informe a la ONU indicando la persistencia de obstáculos en la realización de los derechos de las víctimas de violencia de género a la protección, la justicia y la reparación. Asimismo, critica los mecanismos de formación profesional al sector jurídico y de rendición de cuentas en casos de mala praxis.

Ante este escenario, la organización espera que el Gobierno español responda de manera adecuada en los próximos seis meses, que son los que Naciones Unidas ha otorgado para que el Ejecutivo remita un escrito con las medidas que haya tomado.

La sentencia recrimina a España que no se le ofreciera la protección necesaria a Ángeles González ni a su hija y que una vez que se produjo el asesinato de la menor, el Estado no indemnizara adecuadamente a la víctima, por lo que insta al Estado a corregir este error y reparar en lo posible a la mujer.