Lo dijo en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que se comprometió a ser “exquisito” en la formulación de propuestas, evitando la demagogia y el populismo, con honestidad para decir claramente a los ciudadanos que es necesario “cambiar muchas cosas”, y “muy centrado en la clase media, que es la que hace patria”.

Rechazó una “gran coalición” con el PP porque aspira a recuperar el espacio propio del PSOE, pero entiende que la política implica pactos y algunos son “necesarios”, por ejemplo para reformar la Constitución y también para defender la educación pública o para superar el déficit energético.

Quiere “reivindicar la centralidad” no en el sentido de “ser de centro”, sino de ser “un partido de izquierdas que atraiga al centro”. Incluso en la sede del PSOE, explicó, “voy a estar en el otro lado, en el lado izquierdo” respecto a donde estaba su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque “somos más” en la Permanente de la dirección y tiene que reducir su propio espacio para hacer sitio a otros compañeros.

En la recuperación de ese espacio ideológico propio, defiende un reparto más equitativo de la riqueza, mediante un pacto de rentas, una reforma fiscal que elimine los “muchísimos mecanismos de elusión” de las grandes rentas y las grandes fortunas, y derogando la reforma laboral.

Cree que la creación de empleo tiene más que ver “con la coyuntura económica” que con una reforma estructural, porque en dos años y medio se han perdido un millón de puestos de trabajo y, al ritmo al que se crea empleo ahora en términos desestacionalizados, 15.000 al mes, harían falta 15 años para recuperarlos.

Insistió en que la reforma laboral ha facilitado “y mucho” el despido y la devaluación de salarios, y que la competitividad tiene más que ver con los costes energéticos que con los laborales.

Defendió también la revisión de los acuerdos con el Vaticano para reivindicar “la madurez del Estado español para garantizar la libertad del hecho religioso” mediante una ley específica.

Considera, por ejemplo, que la condición de fedatario de la Iglesia Católica “no es justificable” en el siglo XXI y que la jerarquía eclesiástica no puede “influir” como pretende en decisiones políticas de un Estado aconfesional.

Defendió también la reforma de la Constitución no solo para resolver “el conflicto territorial que han creado los independentistas”, sino para superar muchas “disfunciones” que hacen que el funcionamiento del Estado “no sea eficiente ni eficaz”, incluso en términos económicos.