Ambas organizaciones ecologistas subrayaron que el CSN debe atender su solicitud, en virtud del Convenio de Aarhus y la Directiva europea de seguridad nuclear, que establecen el derecho a la información y participación de la ciudadanía en procesos como el de Garoña.

Recordaron que el artículo 45 del Estatuto del CSN permite al Comité Asesor recabar la información que considere necesaria para mejorar la transparencia del organismo nuclear e incentivar el acceso a la información y la participación ciudadana.

El portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, recalcó que, “como miembros del Comité Asesor del CSN, exigimos una reunión extraordinaria para velar por la transparencia en el proceso de reapertura de Garoña”.

“El Comité Asesor tiene como función fundamental orientar al CSN en tareas de comunicación y transparencia, y qué mejor ocasión que la del estudio de las exigencias a Garoña, que genera una enorme expectación social”, añadió.

Ecologistas en Acción y Greenpeace señalaron que la solicitud de Endesa e Iberdrola para ampliar la vida útil de Garoña hasta el 2 de marzo de 2031 significaría conceder a la nuclear 20 años más de vida útil a una central diseñada para una explotación comercial de 40 años, cumplida en 2011, y recalcaron que la decisión de reapertura implicaría una extensión de las actividades que podría tener “graves efectos sobre el medio ambiente”.

ALTERNATIVAS

Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción han solicitado a los ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa al trámite de información pública, así como un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para la posible prolongación del ciclo de vida de Garoña.

Este proceso, según añadieron, debe tener en cuenta el contexto transfronterizo, de acuerdo con el Convenio de Espoo, ya que la reapertura significaría un cambio sustancial en el proyecto inicial de la nuclear y tendría efectos potencialmente graves sobre el medio ambiente también fuera de las fronteras españolas.

A esto se suma que los miembros del Convenio de Espoo acordaron el pasado mes de junio que todas las centrales nucleares envejecidas en Europa deben someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de una renovación de la licencia o una revisión periódica de la seguridad.

La responsable de la cmpaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, aseveró que "el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental exige, entre otras cosas, que se comparen alternativas. Garoña no podrá demostrar que es una alternativa limpia, segura y más barata que las energías renovables”.

“La central nuclear de Garoña es ya hoy la más vieja de la Unión Europea y la quinta más vieja del mundo. Su posible reapertura supone unos riesgos de gran envergadura que bien merecen ser conocidos por la ciudadanía antes de que los organismos oficiales decidan prolongar su vida útil”, concluyeron ambas organizaciones.