La norma busca “reconocer e impulsar el papel de la Biblioteca Nacional en la preservación y difusión de la cultura española”, “reforzar su liderazgo como institución bibliotecaria” y dotarla de “instrumentos más eficaces de gestión”, según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Con la ley, la Biblioteca Nacional recupera su estatus de dirección general, que tuvo hasta mayo de 2010, al tiempo que se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta naturaleza jurídica tiene como precedente las leyes reguladoras del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Entre las novedades que plantea el texto normativo en relación a los órganos de gobierno, destaca que el Real Patronato, hasta ahora órgano consultivo sin funciones rectoras, pasa a ser un órgano rector colegiado con una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la BNE, y velará por su cumplimiento.

Para fomentar el impulso del desarrollo cultural, científico y económico de la Biblioteca, se prevé la creación de un Comité Científico con funciones consultivas. Este Comité asesorará en la participación de programas y proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como en todos aquellos aspectos relacionados con la generación de contenidos y con proyectos de desarrollo e innovación tecnológica que procuren un mayor conocimiento de las colecciones de la BNE.