Antonio Hernández-Gil, presidente de los abogados madrileños, se pronunció sobre este asunto en una rueda de prensa en la sede de su institución, en la que criticó la “mirada restrictiva” hacia la justicia gratuita que parece quiere aplicar el Ejecutivo madrileño.

En concreto, Aguirre manifestó el pasado 30 de diciembre que Madrid no puede aportar los 50 millones de euros de justicia gratuita, “cuando no estaba previsto en las transferencias”. “La Comunidad no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita", aseguró la presidenta regional.

A este respecto, Hernández–Gil defendió la asistencia jurídica universal y ofreció la “colaboración institucional” de los abogados madrileños “para mejorar el funcionamiento del sistema y para contribuir a aislar y erradicar posibles situaciones de abuso o de fraude”.

Asimismo, este letrado indicó que el recorte de la justicia gratuita tampoco está justificado desde el punto de vista legal, ya que, por ejemplo, el número de extranjeros se está reduciendo por la crisis económica, lo que también ha reducido la demanda de asistencia jurídica.

Además, Hernández-Gil destacó cómo el Colegio de Abogados de Madrid está utilizando sus recursos para colocar puestos de información legal para extranjeros en los aeropuertos, algo que también ofrecen en los Centros de Internamiento de Extranjeros.