La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha referido al comienzo de su intervención en el Pleno que ha aprobado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, a la hoja de ruta del Gobierno en lo relativo al impulso de la RSC, “que se vertebra en torno a tres ejes fundamentales”.

En el primer eje relativo a la transparencia, el buen gobierno y la ejemplaridad de las Administraciones públicas, la ministra se refirió a la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo para las entidades de crédito; y al proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.

En relación al segundo eje, el de promoción de la responsabilidad corporativa, “hemos puesto en marcha una iniciativa que en Europa ya ha sido considerada como una “buena práctica” y que tenemos previsto continuar impulsando”, aseguró la ministra. Se trata del sello de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, “cuyo objetivo es dar visibilidad a aquellas empresas y organizaciones que realizan actuaciones para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades laborales”, aseguró.

Por último, la ministra se refirió a un tercer eje para la creación de un marco común de referencia en el que se enmarca, como actuación principal, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.

La Estrategia responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas, que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSC.

Consta de cuatro objetivos, diez líneas de actuación y sesenta medidas concretas de actuación, que deben ser evaluadas. Las diez líneas de actuación en las que se articulan las medidas son la promoción de la responsabilidad social; la integración de la RSC en la educación, formación e investigación; el buen gobierno y la transparencia; la gestión de recursos humanos y el fomento del empleo; la inversión socialmente responsable e I+D+i; la relación con los proveedores; el consumo responsable; el respeto al medio ambiente; la cooperación al desarrollo; y la coordinación y participación.

Las medidas se han dividido de acuerdo a su grado de prioridad. Así, hay doce que se han identificado como “muy alta”, entre las que figuran la puesta en marcha de un procedimiento de publicación de memorias de RSC ; el desarrollo de una herramienta para el envío de este tipo de documentos; la creación de una web específica sobre responsabilidad social; el impulso de prácticas de buen gobierno; promover los informes de buen gobierno y sosteniblidad entre las empresas del sector público; fomentar la fiscalidad responsable; impulso de actuaciones para luchar contra el fraude laboral y fiscal, así como la economía sumergida; promoción de la ética y la transparencia en las organizaciones; impulsar la RSE como mecanismo para fortalecer la imagen de España; fomentar la elaboración de informes anuales; garantizar el cumplimiento de los derechos humanos; y poner en marcha mecanismos de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.

En el capítulo de prioridad “alta” se encuentran dieciocho medidas, entre ellas la promoción de criterios de RSC ; el fomento de prácticas de responsabilidad social entre pymes y entidades de la economía social; el impulso de actuaciones que favorezcan la diversidad y la igualdad de oportunidades; potenciar la contratación indefinida; y la gestión de la cadena de suministros responsable, entre otras. Respecto a las que han sido calificadas como prioridad “media” figuran 30 medidas.

El seguimiento del cumplimiento de estas medidas será coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, que propondrá al Cerse un grupo de trabajo que establezca los indicadores de seguimiento, resultado e impacto en relación con cada una de las iniciativas.

En base a éstos se realizará un informe anual que se presentará tanto a dicho Consejo como a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, donde se reflejará el grado de ejecución y de desarrollo de la responsabilidad social en España.

Por otro lado, en la Estrategia se asegura que el Ministerio debe habilitar los medios precisos para que el Cerse “se constituya como Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España”, tal y como establece el real decreto de su constitución.

Sus actuaciones se centrarán en la elaboración de un modelo para promover que las empresas del sector público elaboren informes de buen gobierno y responsabilidad social. También tendrá que hacer una guía de buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable, así como la realización de un estudio y análisis de un informe sobre derechos humanos y empresas, entre otros aspectos.