En rueda de prensa en Ginebra, Pillay afirmó que estas prácticas son muy preocupantes e incluyen la coacción a empresas privadas para que faciliten información sobre los consumidores.

La Alta Comisionada dio a conocer un informe elaborado por su Oficina que subraya la importancia de establecer mecanismos para prevenir que los Estados vulneren el derecho a la privacidad de las personas.

El estudio 'El derecho a la intimidad en la era digital' alerta sobre el hecho de que este tipo de programas no son una medida excepcional sino un hábito frecuente y peligroso.

“Los programas de vigilancia pueden derivar en acciones dañinas e incluso letales. En algunos Estados, las personas que son consideradas disidentes son investigadas y sus comunicaciones digitales son interceptadas, en algunos casos, son víctimas de tortura”, afirmó Pillay.

Por este motivo, señaló que los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la intimidad de los ciudadanos y otras garantías fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.