Según indican ambas entidades en una nota, la ley, según la redacción del anteproyecto, pondrá en riesgo la viabilidad económica y la autonomía de los colegios profesionales, en los que el Gobierno pretende intervenir por primera vez. Asimismo, la UPCI y el IIES denuncian que el intrusismo profesional se verá favorecido, ante la ausencia de controles.

Los presidentes de la UPCI y el IIES, Carlos del Álamo y Manuel Moreu, destacaron que la nueva ley no solventará las dificultades que encuentran los ingenieros para el ejercicio de su profesión en la mayor parte de los países de la Unión Europea. En el comunicado firmado por ambas organizaciones, éstas denuncian que se generará una asimetría a favor de los profesionales foráneos, lo que provocará mayor discriminación hacia los ingenieros españoles en el exterior.

Entre sus peticiones, las entidades solicitan la colegiación obligatoria sin restricciones para todo ingeniero e ingeniero técnico, un papel activo de la sociedad civil en cualquier iniciativa destinada a la reforma de la profesión, así como mayor seguridad para usuarios y consumidores. “El ejercicio de nuestra profesión implica un compromiso de seguridad y responsabilidad para con la sociedad que no podemos obviar”, afirman.

A través del comunicado, ambos organismos se manifestaron a favor de una liberalización de los servicios que mejore la economía del país y exigieron unas garantías para la sociedad. “Hay que tener en cuenta que, hasta ahora, el control del ejercicio profesional lo han realizado los colegios profesionales con coste cero para el erario público. La quiebra del sistema por una mala regulación puede conducir a la desaparición de los colegios”, señalaron Del Álamo y Moreu.