De la investigación hecha al centro de relaciones con la comunidad judía en España sobre los años 2011 y 2012, el tribunal afirma que las cuentas “presentan resultados negativos elevados y persistentes, producto de una muy importante caída de los ingresos y una insuficiente reducción de los gastos”.

“Esta situación, de no subsanarse con urgencia, conduce irremediablemente a un grave desequilibrio patrimonial, y supone una importante incertidumbre sobre la capacidad del consorcio para hacer frente a sus obligaciones futuras”.

El órgano fiscalizador también dice en el informe, al que ha tenido acceso Servimedia, que el consorcio promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tiene “un elevado número de órganos directivos y consultivos: un Consejo Rector, una Comisión Delegada, un director general, un secretario general, un gerente, el Alto Patronato, el Consejo Institucional y el Consejo Asesor”. “Todo ello, para un organismo que, al 31 de diciembre de 2012, contaba con una plantilla de 13 empleados no directivos y unos ingresos de 1,2 millones de euros”, remarca.

El tribunal llama la atención sobre el coste elevado pagado por la incorporación del director general y el secretario general en 2012, y sobre las elevadas indemnizaciones abonadas a empleados despedidos “muy por encima de las máximas señaladas en la legislación laboral, sin que se hayan justificado las causas y los cálculos de estos incrementos”.

En cuanto al consorcio Casa Árabe, formado por Exteriores, los Gobiernos autonómicos de Andalucía y Madrid y los ayuntamientos de Córdoba y Madrid, el informe aborda también el bienio 2011-2012 y refiere que los gastos duplican a los ingresos obtenidos, “con resultados negativos anuales superiores a los 2 millones de euros”.

También constata anomalías en los despidos y contrataciones de trabajadores y en las cantidades abonadas a nuevos directivos.

Pone como ejemplo que al nuevo director general se abonaron en 2012 15.536,17 euros por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores “en concepto de indemnización por traslado desde su anterior destino, gastos de mudanza y gastos por cambio del billete de avión de su esposa”.

“Estos gastos", explica el informe, "no se contemplan en el contrato de alta dirección ni corresponderían en ningún caso a Casa Árabe sino al ministerio, que le nombró en su anterior destino. Además, en el caso de la indemnización por traslado, no se cumple el requisito de cuatro de años de estancia en el extranjero”.

Para el tribunal, también resulta llamativo que tanto en este caso como en el del Centro Sefarad, las dos instituciones obtengan una “escasa” (en el caso de la entidad judía) o “nula” (en el caso árabe) financiación o patrocinio por parte del entorno de las legaciones diplomáticas, empresas o entidades culturales de las respectivas comunidades culturales a las que van dirigidas.