Según informaron a Servimedia distintas fuentes, en el encuentro, que comenzará a las 18.30 horas, los dirigentes de CCOO y UGT trasladarán al responsable de Hacienda su rechazo a esta medida y exigirán que se eleve el mínimo exento de tributación.

Por su parte, el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de elevar ese límite, que en un principio se iba a fijar en los 2.000 euros por año trabajado.

Asimismo, el ministro trasladará a las organizaciones sindicales y empresariales su intención de que las empresas no puedan deducirse parte de la indemnización por despido en el Impuesto de Sociedades.

Desde el ámbito empresarial apuntan que esperarán a conocer el detalle de esta medida antes de dar una opinión, aunque reconocen que esta valoración dependerá de si se aplica de forma generalizada o sólo bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, CCOO y UGT aseguran que aprovecharán la reunión con el ministro para instarle a que cambie la “orientación” del conjunto de la reforma fiscal.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, avanza que los sindicatos plantearán la reunión “con un sentido amplio” y abordarán al ministro para que “la reforma tenga una orientación distinta”.

En su opinión, las medidas diseñadas por el Ejecutivo sólo benefician a las rentas altas y del capital, que “van a mejorar su posición”, mientras que “no se cumple el objetivo de aumentar los ingresos y no se orienta a reforzar la lucha contra el fraude fiscal”.

En una línea similar, su homólogo en CCOO, Ramón Górriz, advierte que “no se puede tapar el conjunto del a reforma fiscal” con la medida sobre la tributación de las indemnizaciones por despido.

En su opinión, la reforma planteada por el Gobierno “no llega a los 9.000 millones de euros de recaudación” que el sindicato considera necesario para el mantenimiento del estado del Bienestar.

Además, echa en falta que la reforma lleve al IVA superreducido a los productos básicos, que “siguen siendo el centro de la inflación”.

Sobre la propuesta del Ejecutivo de que las indemnizaciones por despido tributen, los dirigentes sindicales coincidieron en que supone “golpear dos veces” a las personas que pierden su trabajo de forma involuntaria.

Para CCOO y UGT, el Gobierno debería, si no retira esta medida, equipararla al modelo que se aplica en Navarra y el País Vasco, donde el mínimo exento se sitúa en 180.000 euros.