Estos colectivos señalaron en un comunicado que la norma "atenta contra la seguridad de las personas en el ejercicio legítimo de sus libertades y derechos sociales" y con su aplicación "viviremos en un estado más inseguro como ciudadanos y ciudadanas de derecho".

La plataforma ve el proyecto "un paso más del Gobierno para cercenar gravemente el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos y ciudadanas reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

En primer lugar, rechaza una ley "cuya justificación se basa en una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía que, en realidad, no existe". "Muy por el contrario, consideramos que se trata de una legislación innecesaria que viene motivada por criterios claramente políticos, de carácter partidista, e incluso particulares". En su opinión, el Gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear "una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes de los derechos de la ciudadanía".

Con la ley, la plataforma augura "redadas preventivas, sin necesidad de que haya alteración efectiva de la seguridad, sin ningún tipo de requisito o criterio adicional". También teme sanciones muy graves o graves por asistir a manifestaciones y concentraciones sin que se provoque ninguna alteración, sólo por el mero hecho de no haber sido comunicadas en plazo.