En el encuentro participaron Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp); José Luis Pazos, del Movimiento de Padres y Madres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos; Emiliana Vicente González, secretaria general del Consejo General de Trabajo Social, y Ignacio Ubaldo González, miembro de Jueces para la Democracia.

Sánchez Bayle comenzó este balance en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid afirmando que “la sanidad ha convivido desde antes de la crisis con los intereses privatizadores y sus usuarios han sido amordazados al privarles de la participación”.

A pesar de los intentos de "hundir el prestigio" de la sanidad pública que según Sánchez Bayle se han hecho, no dudó en asegurar que los pacientes prefieren la sanidad pública; aunque la estrategia para hundirla sea “mandar a los pacientes más graves para mermar los recursos y dejar a los proyectos privados lo rentable: curar a quienes no tienen nada”.

A pesar de estas amenazas, Sánchez Bayle cree que la lucha de la marea blanca deja un enemigo definido contra el que las mareas han de luchar y victorias que muestran que sí se puede. En su opinión, es la unidad y la generosidad lo que ha propiciado victorias, "algunas de las cuales no son visibles, pues evitan, no derriban".

EDUCACIÓN

Por su parte, José Luis Pazos aseguró que “se deja caer a la escuela pública, en todos sentidos, para rehabilitarlas como privadas”. Además, lamentó que “la ley quite la capacidad de los padres para hacer talleres extraescolares y empuje hasta ese punto a la privatización”.

Sobre la marea verde, Pazos aseguró que fue el Gobierno, al atacar a las camisetas verdes que portan y tildar su venta de fraudulenta, quien “consolidó y coloreó tanto a esta marea verde como a otras”.

Emiliana Vicente aseguró que el trabajo social es el “hermano menor” del Estado de bienestar, ya que “recibe unas partidas menores y eufemismos por doquier”, tanto que considera que ”hay un Ministerio de Eufemismo que ataca insistentemente”.

Vicente aseveró que hay un 74% más de personas que requieren de su ayuda, que viven una pobreza que no es “textil, ni de calzado, es pobreza contra la que se debe actuar desde la raíz”. A la par, explicó que “un 50% son personas de clase media, que nunca habían pensado en la pobreza”.

Además, Vicente pidió que se tenga en cuenta que con la reforma de la Administración Local se empoderará a las diputaciones y se privará al poder político local y a más de 8.000 de estas administraciones de cualquier competencia en materia de servicios sociales.

Concluyó el balance Ignacio Ubaldo González, quien afirmó que los litigios judiciales crecen a la par que los juzgados se saturan; una situación que se agrava por la dispersión judicial entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, que impide que la ciudadanía acceda a la justicia.

Aseguró que todo esto se vive con mayor riesgo cuando establecen “tasas” que ponen “barreras a la justicia” y se aprueban medidas por parte del Gobierno que constituyen auténticos “atentados constitucionales”. Ante ello, solicitó que “se tenga en cuenta que los jueces están con la sociedad”.