El año pasado, el tribunal fijó multas por un importe globalde 600 millones de pesetas. Actualmente, tiene abiertos 30 expedientes investigadores que podrían acabar en sanción, el más importante de los cuales es el incoado para determinar si la banca privada pacta el precio de las comisiones que cobra por sus servicios.

En 1992, la multa más cuantiosa, de 144 millones de pesetas, fue impuesta a un grupo de aceiteras que acapararon las subastas de aceite de oliva del Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa), poniéndose previamente de acuerdo en los precis a pagar.

Las empresas multadas fueron Frint España, filial del operador internacional Frahuil, con 55 millones de pesetas; Elosúa, Carbonell, Semosa e Industria Pont, sancionadas conjuntamente con 56 millones; el grupo Koipe, con 19 millones; Aceites Toledo, con 7 millones; Aceites del Sur, con 5 millones ; y Pura Ibérica, con 2 millones.

El acaparamiento de las subastas del Senpa, ocurrido en 1989, produjo, según el tribunal, "un sensible falseamiento de la competencia", ya que impidió que se liviara la situación de escasez y provocó subidas "en torno a 25 pesetas kilo en todo el mercado español".

Asimismo, otro expediente destacado que fue resuelto este año concluyó con una multa de 73 millones a las cuatro mayores empresas de fabricantes de detergentes por pactar el lanzamiento simultáneo de un "tambor" de jabón en polvo para lavadoras.

La resolución impuso una multa de 25 millones a "Henkel Ibérica", de 21 millones a "Procter and Gamble", de 14 millones a "Lever España" y de 13 milones a "Camp". Las cuatro pactaron la sustitución de los envases de 5 kilos por otros de cuatro.

Las empresas sancionadas controlaban el 70 por ciento de las ventas de detergente de lavadoras, del que se venden anualmente más de medio millón de toneladas al año.

Otra multa de cuantía impuesta este año, de 59,4 millones de pesetas, recayó sobre la Asociación de Concesionarios de Automóviles Intermarcas de Madrid (Acima) y siete concesionarios de la marca Ford.

Miguel Angel Fernández Ordóñez dstacó el fuerte aumento de la actividad sancionadora del Tribunal de la Competencia, que no impuso una sola multa en los 25 años posteriores a su puesta en funcionamiento, en 1963.

En el 90, las multas se elevaron a 300 millones, a 600 millones en el 91 y a 400 millones en los ocho primeros meses de 1992. En los Presupuestos del Estado de 1993, el Tribunal de la Competencia recibirá una mayor dotación de medios para perseguir las prácticas contra el libre mercado.