En virtud de la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros, las empresas que operan servicios de telefonía móvil, fija o Internet estarán obligadas a guardar durante un año datos relativos al origen, destino, duración, fecha y hora, tipo de servicio y equipo de comunicación empleado por sus clientes, por si esa información les fuera requerida en ese plazo para investigar delitos.

No obstante, el control de las comunicaciones telefónicas no goza de un excesivo favor entre los ciudadanos si se compara con otras medidas de prevención de delitos.

Así se refleja en el estudio "Transatlantic Trends" presentado esta misma semana por la Fundación BBVA, y cuyo contenido recoge Servimedia.

En concreto, los españoles estarían dispuestos, según declaran un 73% de ellos, a que se instalen cámaras de vigilancia en lugares públicos.

Otra de las alternativas que ofrecía el estudio, la vigilancia de las comunicaciones a través de Internet, es bien recibida por un 56%, el mismo porcentaje que no ve problemas en estrechar el cerco sobre las transferencias bancarias de los ciudadanos.

Sin embargo, y en línea con lo que ocurre en Estados Unidos y en el conjunto de Europa, el control de las comunicaciones telefónicas es lo que menos respaldan los españoles, ya que sólo un 40% de ellos se muestra "muy" o "bastante" a favor de la medida, cifra que es del 39% en EEUU y en Europa.

La encuesta realizada en España tuvo en cuenta a 1.000 entrevistados, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más/menos 3%.