Según informó Justicia, la norma, que no se ha modificado en esta materia desde 1985, mejora los actos de comunicación de documentos judiciales y extrajudiciales. También se perfecciona la práctica y obtención de pruebas, al tiempo que se modifica el denominado ‘exequátur’, que es el proceso especial civil dirigido a reconocer y a ejecutar en España las resoluciones extranjeras.

El anteproyecto aprobado hoy por el Ejecutivo regula, por primera vez en España, las comunicaciones judiciales directas y aborda cuestiones decisivas relativas a la prueba del Derecho extranjero. Esto permite que en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse el contenido y vigencia del Derecho extranjero, pueda aplicarse el Derecho español.

RESOLUCIONES EXTRANJERAS

En cuanto al ‘exequátur’, se establece un nuevo diseño, que contempla la subsidiaridad de esta regulación respecto a la normativa española especial y a los tratados y convenios internacionales aplicables en España. Además, se regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras, así como el procedimiento judicial acorde a las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales.

La regulación establece que notarios y registradores favorecerán la ejecución de documentos públicos extranjeros y la inscripción en los registros públicos mediante la adecuación de las instituciones extranjeras que pudieran resultar desconocidas.

Se prevé, igualmente, la adaptación de los documentos públicos extranjeros como técnica a utilizar por parte del registrador cuando se ordenen medidas o se incorporen instituciones o derechos que sean desconocidos al ordenamiento español.

En este caso, se adaptarán lo mejor posible a una medida u orden prevista o conocida en nuestro Derecho, siempre que tenga efectos equivalentes y se persiga la misma finalidad originaria.