En un curso del Campus de Verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid, De Prada calificó de "altas y desproporcionadas" dichas penas, al tiempo que criticó que existe "un régimen de cumplimiento de penas totalmente desigual en relación con el resto de presos".

“Esos comentarios nos parecen que están fuera de lugar y que son impresentables, y que le invalidan para ejercer la labor que supuestamente debe ejercer” en la Audiencia Nacional, dijo Maneiro, para quien, a partir de ahora y tras dichas declaraciones, “las víctimas del terrorismo podrían incluso recusarle”.

Rechazó que se apliquen “altas” penas a terroristas, argumentando que lo que hay en España “son delitos muy graves cometidos por una banda terrorista durante largas décadas que merecen sus correspondientes castigos y penas de cárcel”.

El portavoz de UPyD en el País Vasco se refirió también al caso del etarra Asier Arronategui, quien ha sido puesto en libertad condicional tras rechazar ante notario a la banda terrorista, pedir perdón a las víctimas y ofrecerse a colaborar activamente con la Justicia.

“No basta con el compromiso, sino que hacen falta hechos”, manifestó Maneiro, para quien antes de acceder a ningún beneficio, Asier Arronategui “debe colaborar con la justicia” de manera “fehaciente” para esclarecer los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución, algo de lo que, “a día de hoy no hay constancia”.

RIGOR

Recordó que UPyD siempre ha defendido que se condicione el acceso a “cualquier tipo de beneficio penitenciario” al cumplimiento de “todos y cada uno” de los requisitos establecidos en la ley. “Es decir, petición de perdón, ruptura con la banda terrorista, asunción del daño causado y colaboración con la justicia”, dijo.

“Pero estas condiciones deben cumplirse de manera estricta y rigurosa. No basta, en nuestra opinión, el compromiso de que estas condiciones vayan a cumplirse en un futuro, sino que estas condiciones deben cumplirse con hechos”, añadió.

Asimismo, agregó que es necesario velar porque no haya “ningún tipo de impunidad”, pues las penas impuestas por los tribunales “deben cumplirse sin que haya ningún tipo de perjuicio para las víctimas del terrorismo”.