En una respuesta escrita a una pregunta de la formación UPyD, a instancia del diputado Carlos Martínez Gorriarán, sobre el Fondo Social de Vivienda (FSV), el Gobierno manifiesta que la Comisión de Seguimiento y Coordinación del FSV ha acordado ampliar el ámbito de aplicación del convenio por el que se rige este instrumento, “destinado a atender a familias en dificultades por la crisis”.

Estas modificaciones, dice el Ejecutivo, “permitirán quedarse en la vivienda mediante el pago de alquiler reducido en algunos supuestos e incluir a un amplio número de personas o familias que, previo informe de los Servicios Sociales, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social”.

Además, se va a permitir “que las familias puedan mantenerse en la vivienda que habitaban, aunque la hayan perdido como consecuencia de una ejecución forzosa y después de que haya sido adjudicada”. Una posibilidad que también se contempla, a partir de ahora, para las daciones en pago.

En ambos casos, explica el Gobierno, “se pagará un alquiler reducido, es decir, entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal y como está previsto en el Convenio del FSV”.

SOLICITUD AL FSV

En este sentido, se amplían las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda al FSV, como son las unidades familiares con hijos menores de 18 años; personas en situación de dependencia o con discapacidad; o personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos u otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulneabilidad social distintas de las anteriores.

Se mantienen requisitos como la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.

Este fondo de vivienda está destinado a aquellos que, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008.